Resumen: Se estima la solicitud de devolución de ingresos indebidos por entender que la adjudicación de vivienda por una cooperativa de vivienda no estaba sujeta a la modalidad TPO sino a la modalidad AJD, pues la adjudicación de viviendas por una cooperativa a sus socios no es auténtica transmisión sino mera concreción de derechos.
Resumen: En los supuestos en los que un responsable tributario abona el recargo de apremio ordinario exigido en el procedimiento de apremio seguido contra él, pero de forma previa otro responsable tributario ha abonado toda la deuda derivada -incluido el recargo- y han devenido firmes tanto la providencia de apremio en la que se liquidó y requirió, originalmente, el pago del recargo a aquel responsable, así como el subsiguiente requerimiento de pago emitido tras el mencionado abono del otro responsable, el procedimiento para pedir la devolución de ingresos indebidos que resulta aplicable es el del artículo 221.3 de la Ley General Tributaria.
Resumen: La exención tributaria prevista para las escrituras públicas otorgadas por actos relacionados con viviendas de protección oficial en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados, se aplica también a aquellas viviendas con protección pública dimanante de la legislación propia de las CCAA, siempre que su superficie, precio y límite de ingresos de los adquirentes, no excedan de lo establecido para las VPO.
Resumen: No sujeción a IRPF de activos financieros procedentes de herencia del padre. En su caso, se sujetaría al impuesto de sucesiones y donaciones. Siguiendo el criterio mantenido por esta Sala en la sentencia de 20 de noviembre de 2023, dictada en el recurso nº 522/2022 , dado que en el presente caso las rentas de activos financieros radicadas en el extranjero fueron adquiridas por el recurrente por herencia de su padre no estaban sujetas al IRPF por aplicación de lo dispuesto en el articulo 6.4 LIRPF (" No estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones")y, por tanto, no debieron ser declaradas por razón de este impuesto, por lo que no cabe entender que se ha producido una ganancia patrimonial no justificada en sede de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resumen: La suspensión o limitación transitoria de la actividad de un determinado sector ordenada por las Comunidades Autónomas, en este caso, a través del Acuerdo de la Junta de Castilla y León 78/2020, de 3 de noviembre, en aplicación del régimen de cogobernanza establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró nuevamente el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, no permite considerar, a falta de una previsión legal en tal sentido adoptada por la CC.AA. gestora de la tasa, que deba reducirse proporcionalmente el importe de la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el periodo en que estuvo vigente tal medida y, con base en ello, ordenar la devolución de ingresos indebidos del 4º trimestre del ejercicio 2020. Todo ello sin perjuicio de que pueda reconducirse la cuestión al instituto de la responsabilidad patrimonial.
Resumen: La suspensión o limitación transitoria de la actividad de un determinado sector ordenada por las Comunidades Autónomas, en este caso, a través del Acuerdo de la Junta de Castilla y León 78/2020, de 3 de noviembre, en aplicación del régimen de cogobernanza establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró nuevamente el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, no permite considerar, a falta de una previsión legal en tal sentido adoptada por la CC.AA. gestora de la tasa, que deba reducirse proporcionalmente el importe de la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el periodo en que estuvo vigente tal medida y, con base en ello, ordenar la devolución de ingresos indebidos del cuarto trimestre del ejercicio 2020. Todo ello sin perjuicio de que pueda reconducirse la cuestión al instituto de la responsabilidad patrimonial.
Resumen: Tras considerar la Sentencia la doctrina relativa a la cuantía a efectos del recurso de apelación cuando el objeto del recurso reside en la derivación de la responsabilidad tributaria, por la que, con carácter previo al examen del acto único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación y, en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal, en este caso los 30.000 euros del recurso de apelación, concluye que, de manera análoga, en el canon del agua que se incluye en cada factura expedida en una fase previa a los usuarios finales, constituye una liquidación que estos podrían impugnar o cuya exención o condonación acaso podrían reclamar; y parece bastante claro que llegada la controversia a la vía judicial, con la regulación procesal aplicable a los presentes autos, la apelación no sería posible en el supuesto de las facturas de 150 euros o menos.
Resumen: Se aplica la doctrina que resulta del TS en supuestos precedentes y de la que se concluye que infringe la libertad de circulación de capitales al establecer un tratamiento diferenciado no justificado entre FIL residentes y FIL no residentes en situaciones comparables, ya que reserva a los FIL residentes un tratamiento fiscal significativamente más favorable, con tributación al tipo de gravamen del 1 por ciento, en tanto los FIL no residentes tributan al tipo impositivo del 19 por ciento. La neutralización de los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales producida en la legislación nacional tan sólo se podrá considerar alcanzada por el efecto de las previsiones de los Convenios de Doble imposición en aquellos casos en tales disposiciones permitan que el impuesto retenido en origen en aplicación de la normativa nacional pueda deducirse del impuesto debido en el otro Estado miembro hasta el límite de la diferencia de trato a que da lugar la normativa nacional. Además, resulta que los fondos recurrentes han acreditado la realidad de las retenciones soportadas a través de los certificados de retenciones del banco custodio y del subcustodio, cumpliendo así con la carga de probar que le corresponde sobre tales extremos, prueba que no ha sido desvirtuada por la Administración demandada.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución de MUFACE que declara la existencia de un pago indebido en relación con el subsidio de incapacidad temporal percibido en un período de tiempo. Competencia del órgano que resolvió: existencia. La delegación de competencias es clara y el hecho de que la recurrente entienda que el procedimiento no es el adecuado no determina que la resolución dictada en el mismo haya sido emitida por órgano que carecía de competencia, siendo diferente si se debería o no haberse seguido proceso previo de extinción o anulación del derecho a la percepción de las prestaciones pagadas en el ejercicio de sus competencias. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la mutualidad. La posible incompatibilidad de prestaciones solo se produce por la declaración judicial de jubilación y será desde su firmeza cuando se puedan ejercer las acciones oportunas de reintegro pues el cobro de la prestación podría ser indebido en razón a dicha declaración y no por el hecho de haberlas percibido en su momento estando en la situación de incapacidad temporal. Incompatibilidad de percepciones: existencia. Reintegro pertinente. Estimación del recurso.
Resumen: Improcedencia de la aplicación de valores ya incorrectos y obsoletos a impuestos cuya base imponible se funda en un valor económico acorde con la realidad, lo que determina que el valor ya formalmente desacreditado y reconocido como erróneo por la Administración no pueda servir como base imponible de los impuestos en debate. Remisión a la doctrina sentada en sentencia de 21 de diciembre de 2023, recaída en el recurso de casación 5519/2022.
